Inmigrantes detenidos en centros enfrentan riesgo de covid como al inicio de la pandemia

LUMPKIN, Ga. — En octubre, Yibran Ramirez-Cecena no le dijo al personal del Centro de Detención de Stewart que tenía tos y secreción nasal. Está detenido en la instalación del suroeste de Georgia desde mayo, y ocultó sus síntomas por temor a que lo pusieran en confinamiento solitario si daba positivo para covid-19.

“Honestamente, no quería pasar 10 días solo en una habitación, lo llaman el agujero”, dijo Ramírez-Cecena, quien espera que decidan si es deportado a México o puede permanecer en los Estados Unidos, en donde ha vivido por más de dos décadas.

Poco antes de que Ramírez-Cecena se enfermara, los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de la instalación le negaron su solicitud de alta médica. Es VIH positivo, que según la lista de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades es una afección que puede aumentar el riesgo de enfermar gravemente por covid.

Ahora, frente al tercer invierno pandémico, reza para no contraer covid mientras está detenido. “Todavía da miedo”, dijo.

En todo el país, la posibilidad de desarrollar una enfermedad grave o morir por covid ha bajado, por las vacunas de refuerzo actualizadas, las pruebas en el hogar y las terapias. La mayoría de las personas pueden sopesar los riesgos de asistir a reuniones o viajar.

Pero para las aproximadamente 30,000 personas que viven en espacios cerrados en la red de instalaciones de inmigración del país, covid sigue siendo una amenaza constante.

El ICE actualizó su guía de pandemia en noviembre. Pero las instalaciones han ignorado las recomendaciones anteriores de usar máscaras y equipo de protección, tener pruebas y vacunas disponibles, y evitar el uso del confinamiento solitario como cuarentena, según detenidos, grupos de defensa e informes internos del gobierno federal.

Según los protocolos de ICE, el aislamiento por covid, utilizado para evitar que otros detenidos se enfermen, debe estar separado de la segregación disciplinaria.

La agencia no abordó este punto, pero dijo en un comunicado a KHN que a los detenidos se los coloca en una “sala de alojamiento médico individual” o en un “una habitación de aislamiento médico de infecciones transmitidas por el aire”, cuando esté disponible.

La atención médica en los centros de detención de inmigrantes ya era deficiente antes de la pandemia. Y en septiembre, las personas médicamente vulnerables en los centros de detención de ICE perdieron una protección, con la expiración de una orden judicial que requería que los funcionarios federales de inmigración consideraran la liberación de los detenidos con riesgo de covid.

La agencia “ha renunciado por completo a proteger a las personas detenidas de covid”, dijo Zoe Bowman, abogada supervisora ​​de Las Américas Immigrant Advocacy Center en El Paso, Texas.

El uso de la detención de inmigrantes en el país se disparó a fines de la década de 1990 y creció después de la creación de ICE en 2003. Los centros de detención —unos 200 complejos privados, instalaciones administradas por ICE, cárceles locales y prisiones repartidas por todo el país— retienen a adultos que no son ciudadanos estadounidenses mientras disputan o esperan la deportación.

La duración promedio de la estadía en el año fiscal federal 2022 fue de aproximadamente 22 días, según la agencia. Los defensores de los inmigrantes han argumentado durante mucho tiempo que las personas no deberían ser detenidas y, en cambio, se les debería permitir vivir en comunidades.

El Centro de Detención de Stewart, un vasto complejo rodeado de cercas con alambre de púas en los bosques de Lumpkin, tiene una de las poblaciones de detenidos más grande del país. Cuatro personas bajo la custodia del centro han muerto por covid desde el comienzo de la pandemia, el mayor número de muertes por covid registradas en estos centros.

Cuando funcionarios de inmigración transfirieron a Cipriano Álvarez-Chávez al centro de Stewart en agosto de 2020, todavía confiaba en la máscara que tenía después de ser liberado de la prisión federal en julio, según su hija, Martha Chavez.

Diez días después, el sobreviviente de linfoma de 63 años fue llevado a un hospital en Columbus, a 40 millas de distancia donde dio positivo para covid, según su informe de defunción. Murió después de pasar más de un mes conectado a un ventilador.

“Fue pura negligencia”, dijo su hija.

Dos años después de la muerte de Álvarez-Chávez, grupos de defensa y detenidos dijeron que el ICE no ha hecho lo suficiente para proteger de covid a los detenidos, una situación consistente con el historial de atención médica deficiente y falta de higiene de las instalaciones.

“Es desalentador ver que no importa cuánto empeoran las cosas, nada cambia”, dijo la doctora Amy Zeidan, profesora asistente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, quien revisa los registros de salud de los detenidos y realiza evaluaciones médicas para las personas que buscan asilo.

Una investigación bipartidista del Senado reveló en noviembre que las mujeres en el Centro de Detención del Condado de Irwin en Georgia “parecen haber sido sometidas a procedimientos ginecológicos excesivos, invasivos y, a menudo, innecesarios”.

En el Centro de Procesamiento de Folkston, también en Georgia, el ICE no respondió a las solicitudes médicas de manera oportuna, tuvo una atención de salud mental inadecuada y no cumplió con los estándares básicos de higiene, incluidos baños funcionales, según un informe de junio de la Oficina del Inspector General de Seguridad del Departamento de Asuntos Internos. Y una denuncia presentada en julio por un grupo de organizaciones de defensa alegó que una enfermera del centro Stewart agredió sexualmente a cuatro mujeres.

El ICE defendió su atención médica en un comunicado enviado por correo electrónico, diciendo que gasta más de $315 millones anualmente en atención médica, y que garantiza la prestación de los servicios médicos necesarios e integrales.

Aún así, muchas instalaciones carecen de personal y están mal equipadas para manejar las necesidades médicas a largo plazo de la gran población de detenidos, dijo Zeidan. La atención tardía es común, la atención especializada es casi inexistente y el acceso a la terapia es limitado, dijo. El cuidado de covid no es diferente.

En sus protocolos para covid, el ICE recomienda el uso de anticuerpos monoclonales, que ayudan al sistema inmunológico a responder de manera más efectiva a covid, para el tratamiento. Pero no reconoce ninguno de los otros tratamientos recomendados por los CDC, incluidos los antivirales como Paxlovid, que pueden reducir las hospitalizaciones y las muertes entre los pacientes con covid.

“Durante décadas, el ICE ha demostrado ser incapaz y no estar dispuesto a garantizar la salud y la seguridad de las personas bajo su custodia”, dijo Sofia Casini, directora de monitoreo y defensa comunitaria de Freedom for Immigrants, un grupo de defensa. “Covid-19 solo ha empeorado esta horrible realidad”.

Once personas han muerto por covid bajo custodia de ICE. Pero ese número puede ser una subestimación; defensores de los detenidos han acusado a la agencia de liberar a las personas o deportarlas cuando están gravemente enfermas como una forma de evadir las estadísticas de muertes.

Antes de la pandemia, Johana Medina León fue liberada de la custodia de ICE cuatro días antes de su muerte, según un artículo de mayo en Los Angeles Times. Vio a un médico unas seis semanas después de su primera solicitud, decía el artículo, pero ICE aceleró su liberación solo unas horas después de que su condición empeorara.

Este otoño, los detenidos recluidos en instalaciones de todo el país llamaron a la línea directa de detención de Freedom for Immigrants para quejarse de las condiciones de covid, que varían de una instalación a otra, dijo Casini. “Incluso en la misma instalación, puede cambiar de semana a semana”, dijo.

Según Casini, muchas personas que habían dado positivo para covid estaban recluidas en las mismas celdas que las personas que habían dado negativo, incluidas las personas médicamente vulnerables. Este verano, el grupo encuestó a 89 personas a través de su línea directa y descubrió que alrededor del 30% de los encuestados tuvieron problemas para acceder a las vacunas mientras estuvieron detenidos.

Ramírez-Cecena dijo que le dijeron que es elegible para una segunda vacuna de refuerzo de covid, pero que, a diciembre, aún no la había recibido. Un detenido en el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley en Pennsylvania dijo que a un guardia se le permitió interactuar con los detenidos mientras estaba visiblemente enfermo, dijo Brittney Bringuez, coordinadora del programa de asilo de Physicians for Human Rights, quien visitó las instalaciones este otoño.

La orden judicial que requería que ICE considerara la liberación de personas con alto riesgo de covid ha ayudado a los detenidos con afecciones médicas graves, dijeron los defensores. Según la orden, ICE liberó a unos 60,000 detenidos médicamente vulnerables en dos años, dijo Susan Meyers, abogada sénior del Southern Poverty Law Center, uno de los grupos de defensa que ayudó a presentar la demanda que resultó en la orden judicial.

El ICE dijo en un comunicado que aún considerará los factores de riesgo de covid como una razón para la liberación. Pero los abogados dijeron que las instalaciones de ICE a menudo no cumplían con la orden judicial cuando estaba vigente.

El año pasado, el ICE negó la solicitud de liberación de Ricardo Chambers del Centro de Detención de Stewart. Chambers, de 40 años, tiene enfermedades psiquiátricas graves, consideradas un factor de riesgo según la orden judicial. También tiene problemas para respirar y se ahoga mientras duerme, como resultado de una lesión nasal que sufrió en un ataque antes de ser detenido. A dos años de estar detenido, todavía no recibió atención para esa lesión.

Ha presentado quejas sobre los protocolos para covid de Stewart, incluidas las condiciones de hacinamiento y la falta de uso de máscaras u otro equipo de protección por parte del personal.

Al negar su liberación, el ICE dijo que Chambers era una amenaza para la seguridad pública debido a sus antecedentes penales, según su abogada Erin Argueta, abogada principal de la oficina de la Iniciativa de Libertad de Inmigrantes del Sureste del Southern Poverty Law Center en Lumpkin. Chambers ya cumplió sus condenas, dijo, y hay una familia en Nueva York que lo acogería.

A principios de este año, fue enviado a confinamiento solitario durante unos 10 días después de dar positivo para covid, dijo. Pero Chambers, quien está luchando contra una orden de deportación a Jamaica, dijo que su experiencia con covid no fue diferente de las otras veces que estuvo en aislamiento.

“Serás tratado como un animal, enjaulado y sin tener culpa de nada”, dijo Chambers.

Esta historia fue producida por KHN (Kaiser Health News), la redacción de KFF (Kaiser Family Foundation), que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud. Junto con Análisis de Políticas y Encuestas, KHN es uno de los tres principales programas de KFF. KFF es una organización sin fines de lucro que brinda información sobre temas de salud a la nación.